COMENTARIO A “TRIBUNALES Y PROCESO DE FAMILIA. (LEY 11.453 MODIFICADA POR LEY 12.318)”, DE ROBERTO O. BERIZONCE, S. PATRICIA BERMEJO Y ZULMA A. AMENDOLARA, LIBRERÍA EDITORA PLATENSE, LA PLATA, 2001, 267 PP.

Por Eduardo José Cárdenas

Este libro no podía ser, y no es, uno de tantos. No podía serlo por dos motivos. El primero, por la materia tratada. En efecto, se trata de la ley 11.453, una ley por demás excelente. Ella incorporó al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires el proceso que rige en los Tribunales de Familia del primer estado argentino, y que consta de varios artículos: van del 827 al 853; en total son 27. El primero y el último se refieren respectivamente a la competencia y a las normas supletorias. Quedan 25. Pero obsérvese: a partir del art. 828 y hasta el 843, inciso 3 inclusive, o sea 15 artículos y medio, son disposiciones destinadas a ayudar a las familias sin entrar en el sistema beligerante. En ellas se habla de la etapa previa, de los consejeros de familia y del comienzo del proceso de conocimiento hasta la audiencia preliminar. Tratan, en suma, de todo aquello que puede servir para que la familia reciba ayuda para resolver sus conflictos. Es el 62% del articulado de la ley.

Luego, ésta trae nueve artículos y medio (del 843, inc. 4, al 852), o sea el 38%, para hablar de las audiencias de prueba, de las pericias, de los testigos, de las sentencias y de los recursos.

Es la única ley procesal familiar que trae un reparto de semejante naturaleza (en la de Córdoba, por ejemplo, los porcentajes son casi inversos). Y este número de artículos es muy importante porque en la vida, como además de espíritu somos materia, todo se guía por el tiempo y el espacio. Que esta ley en el 62% de sus artículos hable sobre todas las cosas que pueden ayudar a una familia y en el 38% sobre la prueba y el dictado de la sentencia, indica que los que la redactaron tenían una idea que transformaron en mensaje: que un tribunal de familia no está para dictar una sentencia sino para ayudar a las familias.

El segundo motivo por el cual este libro no podía ser uno más era la calidad de los autores. En otras manos, la hermosa ley 11.453 hubiera terminado oculta bajo afeites exegéticos que la asemejaran a una ley procesal tradicional. Fue lo que sucedió con la excelente ley nacional 24.417 (de protección de la violencia familiar) que fue tachada de incompleta y deficiente porque no incorporó la traba de la litis, la producción de la prueba, el dictado de una sentencia y la ejecución de la misma... Sin advertir que se trataba de un proceso de familia, que prescinde por inútiles cuando no por contraproducentes de esos instrumentos, para afincar su efectividad en las audiencias, las medidas cautelares y el apoyo de la red.

Pero Berizonce, Bermejo y Amendolara, como conspicuos miembros que son del Grupo de La Plata, saben perfectamente que está naciendo un nuevo modelo de justicia que nada tiene que ver con el anterior y cuyas primeras manifestaciones no cabe juzgar a tenor de los principios que estudiamos en la Facultad o en los manuales.

Ese modelo de proceso (y de juez, y de abogado) se está construyendo dicen los autores, no está terminado. De ahí las dificultades para describirlo en movimiento, sin traicionarlo, sin observarlo desde la óptica del proceso tradicional. Pero ellos, con su sabiduría (y su práctica profesional, porque aquí la práctica se adelanta a la teoría) sortean esas dificultades con elegancia.

Parten diciendo  – apadrinados por Augusto M. Morello y su brillante Pórtico a la obra – que los Tribunales de Familia atienden al futuro de la familia y no procuran reconstruir ni reparar el pasado (págs. 2 y 16). Distanciándose así al infinito del proceso judicial tradicional, que busca producir mediante la prueba una maqueta del pasado, para que el juez al aplicar la ley pueda condenar al culpable del daño a repararlo. Muy distinta es la mirada del juez familiar, quien visualiza el futuro de la familia después de la crisis (no le importa mayormente porqué ésta se produjo) y la acompaña para que la trasponga y se reponga.

El objetivo, según los autores, es remediar la fractura o la tensión familiar (págs. 12 y 32). No, en cambio, dar la razón, repartir victorias y condenas (que es lo que la gente busca al acudir al sistema judicial: el juez debe salir de ese lugar, so pena de empeorar la situación de la familia).

Y si bien ha de tenerse siempre en cuenta el interés particular de cada miembro de la familia, y en especial el de los menores y más débiles (discapacitados, ancianos, etc.), lo que debe primar es una visión del orden público familiar, con un sentido claramente solidarista (pág. 15). Los autores saben que nadie va a estar bien si el grupo en su conjunto no pasa a estar mejor. Lo opuesto del enfoque liberal que inunda el derecho procesal tradicional.

El juez, unido a sus colaboradores (equipo técnico y empleados), en lugar de ocupar el sitio arbitral, pasa a ser un autorizado y prestigioso acompañante y promotor de cambios en la familia (p. 16). Punto clave, que los autores señalan sin miedo de hacerle perder al magistrado su identidad tradicional ni de emparentarlo con otras profesiones, como la de terapeuta familiar o asistente social. Las diferencias y la identidad están dadas por el contexto de poder en que el juez se mueve.

Para que ese acompañamiento y esa promoción sean posibles es ineludible la flexibilización de las formas procesales (pág. 17): la reconstrucción de la demanda entre el juez y el peticionante es un ejemplo estudiado por los autores para mostrar cómo la neutralidad no desaparece pero se transforma, para constituirse en una multiparcialidad (el juez se alía con todos los participantes del proceso, para acompañarlos en el proceso de cambio).

Estos principios básicos, tan claramente sentados, llevan con coherencia a ciertas conclusiones, también desarrolladas por los autores:

- La conciliación es el norte del proceso (no la sentencia) y la posibilidad de intentarla debe estar y está legalmente abierta en cualquier momento del mismo (págs. 24 y 25).

- El consejero ocupa en esta tarea un lugar central y su gran ventaja dentro de la ley 11.453 es que él es un delegado de los jueces. Su labor es jurisdiccional (págs. 26 y 111). Son los jueces, a través del consejero, quienes sugieren vehementemente a las partes que lo mejor es un acuerdo.

- Dentro de este sistema de acompañamiento y promoción, la oralidad es indispensable (acompañada de soportes escritos). Y dentro del sistema oral, lo central son las audiencias, en especial las de conciliación (pág. 29). En el nuevo modelo de justicia, la audiencia de conciliación reemplaza a la sentencia como foco del proceso.

- Pero muchas veces no basta con dichas audiencias para ayudar a la familia, y son necesarias pequeñas decisiones que los jueces van tomando durante el proceso para mover a la familia hacia los cambios. Son las medidas cautelares autónomas y las autosatisfactivas, que integran otro aspecto capital del nuevo proceso: la tutela anticipativa (pág. 50).

- Los autores critican el sistema de colegialidad pura, y parecen inclinarse por el sistema ampliado por la ley 12.318: un solo juez lleva adelante el proceso y dicta sentencia, pero ante el pedido de reconsideración los otros dos magistrados que integran el Tribunal tienen facultades revisorias. Sin embargo, los autores otorgan a este poder de revisión un nuevo sentido, en consonancia con la filosofía del nuevo modelo de justicia (págs. 43, 44, 46 y 47).

- Una pequeña crítica: falta a nuestro entender una revisión en profundidad del papel del cuerpo técnico auxiliar en el nuevo modelo: la función de realizar informes escritos o verbales, ya sea para los jueces o para el consejero, parece relegarlo a la función tradicional de colaborar en la producción de la prueba dentro del proceso de conocimiento (pág. 22 y 144). En esto la práctica, una vez más, supera a la teoría y le marca derroteros futuros, ya que en los buenos Tribunales de Familia de la Provincia de Buenos Aires los expertos colaboran con los jueces y el consejero de maneras diferentes y más eficaces, sin que ello implique que hagan tratamientos o terapias que no les corresponden.

Muchos otros temas son objeto del perspicaz y coherente análisis de los autores, quienes en la segunda mitad de la obra analizan la ley 11.453 y su modificación por la 12.318 artículo por artículo, despejando todas las dudas y añadiendo prolijamente la jurisprudencia producida.

Es verdad que este modelo, todavía en construcción, no ha podido prescindir todavía del llamado proceso de conocimiento (en la práctica muy poco usado en los Tribunales de Familia de la Provincia de Buenos Aires que funcionan bien). Esta etapa tradicional sigue a la mal llamada “etapa previa” (que debería ser nombrada como “etapa principal” o “primera”) cuando ésta fracasa. Ya llegará el día en que el diseño se complete y podamos prescindir totalmente del diseño liberal beligerante. Ese día habrá que agradecerles, entre otros, a los autores de esta obra, útil para todos los magistrados, abogados, expertos y empleados que hacen en los Tribunales, Defensorías o estudios jurídicos, de la ayuda a las familias en crisis una vocación.